Buenos dias, los invito a leer a Carlos Ramirez y sus investigaciones, en mi opinión se confirma lo que ya había yo anticipado respecto a la autoria de los atentados. el móvil es político e inconfesable. Se alcanza a ver una figura política atras de todo esto. Y ustedes que opinan?
Slds.
INDICADOR POLÍTICO
(Carlos Ramírez)
1) Pese a la insistencia del gobierno del DF en el caso Martí en torno a Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias el Apá, la investigación se va a desmoronar pronto. Las autoridades federales han identificado a los verdaderos responsables. Así, el caso Martí podría ser una repetición del caso Stanley y la fabricación de culpables por razones políticas.
Asimismo, como para demostrar eficacia cuando existe presión de la opinión pública, las autoridades federales también han identificado a cuando menos dos de los responsables de los granadazos de la noche del 15 de septiembre en Morelia. Y las pistas pudieran encontrar en el camino algunas derivaciones más que interesantes sobre las nuevas relaciones de poder con el crimen organizado.
La posible solución al caso Martí causará algunos sacudimientos porque sirvió como catalizador político de la estrategia de López Obrador. Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de agosto, el empresario Alejandro Martí, padre del menor asesinado Fernando Martí, lanzó la requisitoria de que "si no pueden, renuncien".
Y ahí mismo el jefe de gobierno del DF aprovechó el asunto para politizar la investigación del secuestro y asesinato del menor y desviar el asunto al urgir la aprobación de la revocación del mandato de los gobernantes en casos de ineficiencia, lo que fue usado inmediatamente después por la junta golpista de gobierno de López Obrador: Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho y José Agustín Ortiz Pinchetti, para apresurar la renuncia del presidente de la República.
Las versiones extraoficiales señalaban que esa tarde de agosto Ebrard ya tenía conocimiento de la identificación del Apá. Sin embargo, por la presión política, los investigadores capitalinos tenían en las manos un expediente muy débil del caso Martí, como el de Francisco Stanley que fabricó el procurador cardenista Samuel del Villar. Pero Ebrard dio la orden de darlo a conocer para ganar simpatías. Las nuevas pistas federales pasan muy lejos del Apá y han logrado la identificación de los verdaderos responsables.
2) En el caso de los granadazos, las investigaciones oficiales estuvieron presionadas por el efecto negativo en la opinión pública. Los datos apenas conocidos hablan de la identificación de los responsables aunque siguen profundizando algunas pistas bastante extrañas. Una de ellas es significativa: el aviso de advertencia, en un mensaje grabado, para que alejaran a niños por el ataque a policías y militares.
En función del modus operandi, los grupos del crimen organizado no atacan población civil y menos hacen avisos de advertencia. Los únicos grupos que avisan para evitar daños civiles son los radicales de la guerrilla, lo mismo el EPR que la ETA de España. Asimismo, se ha explorado la conversión de las FARC de guerrilla a grupo terrorista por su alianza con los narcos y sus relaciones con movimientos radicales mexicanos.
Los ataques violentos con efectos políticos han abierto en Morelia una nueva línea de investigación que inevitablemente ha llevado a un vértice político: la decisión de López Obrador, que refrendará el próximo domingo, de presionar al presidente Calderón para llevarlo a la renuncia o a la deposición. Y hay datos que han prendido los focos en las oficinas de análisis político: la conformación de una gran coalición de grupos guerrilleros dispuestos a aumentar sus acciones armadas contra el gobierno.
El 23 de septiembre, aniversario de la fundación de la Liga Comunista, la guerrilla más agresiva que asesinó al empresario Eugenio Garza Sada en un intento de secuestro, el EPR emitió un comunicado para deslindarse de los actos terroristas de Morelia. Pero ese mismo día hubo otro comunicado poco conocido de la TDR-EP -señalada en Indicador Político como aliado de las FARC de Colombia-, cuyo penúltimo párrafo anuncia un movimiento armado insurreccional para derrocar al gobierno. La TDR-EP fue la responsable de los bombazos en diciembre de 2006, antes de la toma de posesión de Calderón:
"Ante la impunidad y la injusticia que sigue privando en nuestro país, las organizaciones abajo firmantes refrendamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la construcción de un frente o coordinadora de organizaciones revolucionarias armadas que luchen por la democracia, el socialismo y la liberación; de seguir avanzando en la construcción, desde abajo, de un nuevo poder del pueblo, con el pueblo y para el pueblo; reservándonos el derecho de activar y desplegar iniciativas armadas contra las estructuras del gobierno neoliberal y del gran capital en el momento que lo consideremos necesario."
Firman: Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos MRLCB; Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo TDR-EP; Organización Insurgente 1º de Mayo OI-1M; Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre BA-2D: Unidad Popular Revolucionaria Magonista UPRM.
Por tanto, los hechos comienzan a vincularse entre sí para ofrecer un panorama de insurrección política, criminal y guerrilla contra el Estado y las instituciones. De ahí que cualquier análisis de inteligencia no deba desdeñar la coincidencia de circunstancias y las posibles relaciones en casos criminales y de terrorismo.
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